Desde 2015, una serie de litigios mantienen en suspenso el acceso a los contratos que gobiernos estatales y municipales suscribieron con los bancos Interacciones y Banorte, ambos controlados por los banqueros de Atlacomulco, es decir, Carlos Hank, padre e hijo.
Para ellos, las elecciones o cambios en los grupos políticos son irrelevantes. Sea quien sea gobernante, en numerosos estados y municipios, les deberán dinero durante cinco, 10, 15 y hasta 25 años.
Los escándalos de corrupción de gobernadores y presidentes municipales de todo el país se relacionan en la mayoría de los casos con el manejo discrecional de recursos obtenidos mediante contratación de deuda, pero esos dos bancos, con enorme influencia política en el país, se oponen a la transparencia de la información.
Un tribunal administrativo acaba de enviar a…